Daddy Yankee inició una demanda federal de gran alcance contra su exesposa Mireddys González, su ex manejador Raphy Pina y otros colaboradores, a quienes señala de participar en un presunto plan fraudulento que habría operado desde 2015 hasta 2025.
La acción legal fue presentada el 29 de noviembre ante el Tribunal del Distrito de Puerto Rico y se ampara en la Ley RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir esquemas organizados de corrupción o crimen financiero. Según el documento, los acusados habrían manipulado contratos, alterado registros de derechos de autor y desviado regalías que correspondían al artista.
La demanda indica que durante más de diez años se habrían gestionado negociaciones fraudulentas mediante “split sheets” alterados, contratos modificados y documentación supuestamente falsificada para incluir a Pina como coautor o beneficiario en múltiples canciones del catálogo del cantante.
El argumento central es que estas maniobras habrían permitido el desvío sistemático de ingresos hacia empresas vinculadas al productor, sin participación creativa real y sin conocimiento del artista.
De acuerdo con la querella, el presunto fraude no habría sido una serie de acciones aisladas, sino una operación estructurada en la que participaron varios individuos y corporaciones relacionadas con Pina.
Entre las acusaciones destacan la manipulación de registros oficiales de copyright, la falsificación de firmas, la modificación interna de contratos y la eliminación de correos electrónicos corporativos que podían servir como evidencia de irregularidades.
La demanda señala también que se habrían aplicado tácticas de control emocional, manipulación y presunta intimidación para evitar cuestionamientos dentro de las empresas del artista. Según los documentos, el cantante tuvo conocimiento de estas acciones después de separarse de Mireddys González en 2024, cuando retomó el manejo directo de sus corporaciones y detectó inconsistencias en archivos, cuentas y documentos administrativos.
Una auditoría independiente habría reforzado dichas sospechas al encontrar registros incompletos y discrepancias en la autoría de varias obras. Además de González y Pina, la demanda incluye al abogado Edwin Prado Galarza, al productor Andrés Coll Fernández y a varias compañías editoriales y discográficas asociadas al ex manejador. Todos habrían tenido participación, directa o indirecta, en decisiones administrativas y contractuales que impactaron el flujo de regalías del intérprete de “Gasolina”.